EXPULSIÓN DE VENEZUELA DE JOSÉ MIGUEL VIVANCO, DIRECTOR DE HUMAN RIGHT WATCH: UN TSUNAMI DE OPINIONES TANTO EN VENEZUELA COMO EN EL EXTERIOR...Comunicados del SNTP (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa) y del Movimiento Periodismo Necesario. Comunicado de la Cancillería Venezolana. Opiniones desde Chile a Venezuela.
* A falta de CONTRAPESO en el Canal i, mi programa favorito en la Televisión venezolana, que hasta hace poco moderaban con gran equilibrio informativo los colegas Vladimir Villegas e Idania Chirinos, continuaré en mi Blog ofreciendo las opiniones contrapuestas de algunos temas de interés que están en el tapete de los medios de comunicación impresos y audivisuales.
Hago mía las palabras de LA TERCERA, de Santiago de Chile de este 20 de septiembre: "Y la polémica suma y sigue. Porque mientras el gobierno chileno pide explicaciones tras al expulsión del chileno José Miguel Vivanco, director de Human Right Watch, Venezuela no calla y dice que responderá en su momento a La Moneda(Chile).En estos dimes y diretes, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, aclaró a la prensa que en nuestro país sí hay libertad de expresión. algo que "cualquier persona decente, con cuatro dedos de frente" lo reconocería. "Que lo digan los trabajadores de nuestro país (...) que lo diga cualquier venezolano decente, con cuatro dedos de frente, si aquí no hay libertad para decir cualquier cosa ante cualquier televisora (...) si el 80% de los medios de televisión (...) son de la oposición de derecha más rancia, que todos los días titulan en contra de presidente, en contra del gobierno y en contra del Estado (...)”.
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COMUNICADO
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COMUNICADO
El SNTP ante la expulsión de los representantes de Human Rights Watch...
Ante la decisión del gobierno nacional de expulsar del territorio venezolano a los representantes de la organización Human Rights Watch, señores José Miguel Vivancos y Daniel Wilkinson, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), organización independiente y de irrenunciable vocación democrática, considera necesario e ineludible expresar su posición en los siguientes términos:.....
1. Tal medida, sin precedentes en Venezuela y los países democráticos de la región latinoamericana, revela un altísimo grado de intolerancia y autoritarismo en los más altos niveles de decisión del gobierno nacional, lo cual ha generado un sentimiento de profunda preocupación y consternación en el pueblo venezolano, amante de la libertad y de los valores de la democracia.
2. El incivil atropello del gobierno venezolano contra los representantes de una organización internacional, cuya labor vigilante en defensa de la democracia y las libertades ciudadanas ha sido reiteradamente reconocida y valorada en el plano internacional, no viene sino a confirmar de manera fehaciente las denuncias recogidas por Human Rights Watch en el informe presentado en Caracas el pasado jueves 18 de septiembre, en cuanto que el gobierno venezolano, prevalido de un oprobioso control de las instituciones, viene ejecutando prácticas que degradan la democracia venezolana en los distintos órdenes de la vida nacional......
3. En lo que respecta a la libertad de expresión, por citar sólo una de los aspectos señalados por Human Rights Watch en su informe, el SNTP ha sido un denunciante reiterado de las agresiones sistemáticas y de diversas prácticas del gobierno y sus parciales que han resquebrajado ostensiblemente el necesario marco de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo..
4. En lo que atañe al ejercicio de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva el informe de HRW no dice nada distinto de lo que diversas organizaciones sindicales del país, desde las centrales hasta los sindicatos de base, han venido denunciando y condenando desde hace años, en vista de las violaciones al derecho de los trabajadores a organizarse con independencia, a negociar colectivamente y al evidente trato discriminatorio del cual son objeto según el signo político que se le atribuye a cada organización.
5. El SNTP no abriga ningún género de dudas respecto de que esta medida precipitada e irreflexiva del gobierno venezolano vendrá a deteriorar aún más la imagen de Venezuela como un país en el cual las instituciones del Estado se vienen desempeñando con un marcado déficit de independencia y de observancia de las normas de la democracia, lo cual deploramos profundamente.
6. Desde el SNTP formulamos un nuevo llamado al Ejecutivo Nacional para que retome los cauces de la tolerancia y el apego irrestricto a las normas democráticas que deben regir el funcionamiento de la sociedad, premisa fundamental para la preservación de la paz y la convivencia entre todos los ciudadanos.
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Caracas, 19 de septiembre de 2008
Movimiento Periodismo Necesario
repudió informe de HRW
repudió informe de HRW
El Movimiento Periodismo Necesario (MPN) expresó su más categórico rechazo al informe presentado en Venezuela por la organización Human Rights Watch (HRW), a través de su representante José Miguel Vivanco. Una nota de prensa de la organización destaca que en dicho informe se denuncian supuestas violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión en nuestro país. Ese documento se alinea perfectamente con los planes conspirativos que denuncia constantemente el Ejecutivo Nacional y en los cuales tienen directa injerencia el Departamento de Estado estadounidense y algunos medios de comunicación privados, tanto nacionales como internacionales.
Llama la atención que, en su informe, HRW habla de atropellos a periodistas y medios venezolanos, cuando es de todos conocido que en Venezuela se violan descaradamente, con infundios, ofensas, groserías, mentiras, vilipendios, los más sagrados principios que norman el periodismo. Destaca MPN que ninguno de los propietarios de los medios que cometen esos delitos, ni los periodistas que les sirven de voceros, estén siquiera enjuiciados por tales atropellos.
La posición descaradamente parcializada de Human Rights Watch se pone en evidencia en un momento en el cual se develan macabros planes que atentarían contra la vida del Presidente de la República, así como contra la integridad de los medios del Estado y de las personas que en ellos trabajan. Paradójicamente, se dan a conocer al mundo criminales planes que pretendía llevar adelante la derecha venezolana, los cuales, no dudamos, cubrirían de sangre la Nación entera, sin que los organismos que dicen velar por los Derechos Humanos opinen al respecto, explica la nota.
Nos parece un acto de provocación, y evidente falsificación de los hechos, la acción emprendida por HRW contra un gobierno y un pueblo envueltos en un proceso de profundización de la democracia. En cambio, HRW mira con tibieza las masacres, torturas y agresiones contra civiles que factores de derecha continuamente desarrollan en Bolivia, en Guantánamo, en Irak, en Afganistán, por mencionar sólo algunos nombres en los que están involucrados los agentes de Estados Unidos al cual Human Rights Watch sirve con tanta diligencia, cierra la nota.
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COMUNICADO DE LA CANCILLERÍA VENEZOLANA
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Despacho del viceministro para América Latina y el Caribe.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela deplora los desatinados comentarios formulados por el vicecanciller de la República de Chile, Alberto Van Klaveren, a propósito de la expulsión del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, del infractor a la regulación migratoria y violador de las leyes nacionales, José Miguel Vivanco, quien se inmiscuyó en asuntos internos de nuestra república de manera abusiva.
Resulta particularmente escandaloso que el vicecanciller Van Klaveren mancille la memoria de los miles de hombres y mujeres caídos en la batalla por la libertad, la dignidad y la soberanía, al calificar de “luchador por los derechos humanos” a este alto ejecutivo, asalariado por una organización que recibe financiamiento del gobierno estadounidense, autor de la más larga y atroz lista de violaciones a los derechos humanos en el mundo, en particular en América Latina y el Caribe.
Quien desde la capital del imperio estadounidense se dedica a torpedear y a perturbar las corrientes de democratización y liberación populares que atraviesan nuestro continente, no merece ser llamado latinoamericano ni pisar la patria del Libertador Simón Bolívar.
El gobierno Bolivariano de Venezuela, promotor de las más amplias libertades y auténticamente comprometido con la defensa y garantía de los derechos humanos, reivindica la justeza de esta decisión que cuenta con el respaldo abrumador del pueblo venezolano. así mismo, reitera que no tolerará intromisión ni injerencia alguna en sus asuntos internos de parte de extranjeros que transiten por su territorio, menos aún cuando ésta provenga de títeres del gobierno de los estados unidos que, con sus mentiras e injurias, pretendan perturbar el proceso democrático que adelanta el pueblo venezolano.
Caracas, 19 de septiembre de 2008”.
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Estado de los derechos humanos en Venezuela
JORGE CASTAÑEDA, ex secretario de Relaciones Exteriores de México, es profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.
19/09/2008
19/09/2008
Como si Hugo Chávez no contara ya con suficientes problemas -la caída del precio del petróleo, la expulsión del embajador de Estados Unidos en Venezuela, y la del venezolano en Washington, el registro de su país por cuarto año seguido en la lista negra norteamericana de cómplices del narcotráfico, el estallido inflacionario local, y las dudas sobre la suerte de su partido en las próximas elecciones- recibe un nuevo golpe.
El 18 de septiembre, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW, de cuya Junta Directiva me confieso orgullosamente miembro) hizo público en Caracas un informe demoledor sobre Una década de Chávez. Describe, analiza y condena las repetidas amenazas, restricciones y violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde el triunfo chavista en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998.
El subtítulo del informe lo dice todo: "Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela". Por fin una organización seria, independiente y acreditada en el mundo, se aboca a este tema en Venezuela, y emite una opinión fundamentada y desprovista de estridencias o exageraciones.
El informe negativo de Human Rights Watch es una nueva derrota de Chávez
La resistencia de la sociedad civil ha impedido que Venezuela sea Cuba.El informe de HRW, dado a la luz en la capital venezolana por José Miguel Vivanco (a quien nadie puede acusar de chavofobia; se ha convertido en un némesis de Álvaro Uribe por su oposición al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos), se centra en cinco grandes capítulos del estado que guardan la democracia, la justicia y la libertad en la cuna del libertador.
Aunque no alcanzó a incorporar los últimos atropellos de Chávez al inhabilitar a centenares de candidatos de oposición, incluyendo a Leopoldo López, el alcalde de Chacao y probable triunfador en los comicios por la Alcaldía Mayor de Caracas de haber podido contender, HRW enumera el conjunto de episodios de "discriminación política" cometidos por el Gobierno desde 1998.
Proporciona ejemplos concretos, contrasta estos hechos tanto con los derechos inscritos en la Constitución venezolana de 1999 (ya redactada por el propio Chávez) como con los tratados internacionales firmados por el país desde tiempo atrás.
La discriminación política consiste, ante todo, en la aplicación de criterios políticos (es decir, de filochavismo) a la contratación, despidos, otorgamiento de créditos en las empresas o actividades del Estado, y sobre todo, al funcionamiento de la empresa petrolera PDVSA.
El segundo capítulo se refiere a la situación del poder judicial, y cómo, paulatinamente, Chávez ha ido subordinando al poder político a los jueces y tribunales venezolanos, en franca violación de la Constitución y de los instrumentos internacionales y regionales (como la Convención Americana de Derechos Humanos y la CartaDemocrática Interamericana, firmada por el Gobierno de Chávez). La reciente ratificación por el Tribunal Supremo de la inhabilitación de los candidatos opositores constituye un nuevo y grave ejemplo de esta subordinación.
Como lo ha sido la actuación de los tribunales en los conflictos relativos a los medios de comunicación, el tercer capítulo del informe de Human Rights Watch. Para la ONG, la polarización de los medios, el endurecimiento de los delitos que penalizan expresiones determinadas, la regulación de los contenidos de los medios, el control sobre la difusión de radio y televisión, y la falta de protección judicial a la libertad de expresión, representan manifestaciones del carácter cada vez más antidemocrático del régimen chavista, en un ámbito decisivo.
El informe de HRW muestra no sólo las cortapisas impuestas a la libertad de expresión en Venezuela, sino también la forma en que se han ido legalizando las restricciones, al avalarlas el poder judicial.
La estructura del siguiente apartado, a saber, aquel dedicado a la libertad sindical y al desempeño de los sindicatos, es la misma. En primer término, HRW expone las obligaciones contraídas al respecto por el Estado venezolano ante la comunidad internacional: tratados y principalmente convenios de la OIT; inmediatamente después, explica las disposiciones legales internas, para luego denunciar cómo durante de "la década de Chávez" se han ido mermando los derechos sindicales.
Tanto en lo referente a la libertad de asociación, como de huelga y de negociación colectiva, así como a las represalias ejercidas contra los trabajadores de PDVSA que se fueron al paro en 2003, el informe documenta los abusos, las intenciones y la "falta de protección judicial de la libertad sindical". En un país con una tradición sindical -corporativista, en ocasiones corrupta y burocrática, sin duda, pero combativa y democrática también- se trata de un retroceso mayúsculo.
Por último, Human Rights Watch aborda el tema de la sociedad civil, con la misma óptica: las normas internacionales y venezolanas vigentes, los atropellos contra defensores de derechos humanos, ONG, los ejemplos de abuso judicial y, de nuevo, las limitaciones a la protección judicial. Este capítulo resulta tal vez el más importante, porque conduce a las conclusiones que se desprenden de esta labor excepcional.
Ya lo han dicho otros colaboradores en estas páginas. La sociedad civil venezolana, de tiempo atrás una de las más dinámicas y vigorosas de América Latina, ha resistido hasta ahora con éxito a la embestida autoritaria de Hugo Chávez. Venezuela hoy no es una dictadura; no es Cuba, no es Chile bajo Pinochet, no es Arabia Saudí. Pero esto no se debe a las buenas intenciones de su presidente, sino más bien al contrario: a la fuerza y firmeza de una oposición desunida en lo político y electoral (hasta hace poco), pero feroz en la defensa de sus conquistas civiles de antaño.
No sólo esa sociedad rechazó las pretensiones autoritarias de Chávez en el referéndum de diciembre; no sólo echó abajo la refundación del aparato de inteligencia y seguridad; no sólo protestó contra el cierre de RCTV y logró que en Internet cuente con un público superior a otras televisoras; sobre todo ha sabido mantener, a pesar de todo, la vigencia de las libertades. Pero, como lo demuestra de manera palmaria Human Rights Watch, nada está escrito. La tentación, la deriva, la ambición, están todas presentes.
La segunda conclusión reside en la importancia de la normatividad jurídica internacional. HRW insiste una y otra vez en que a través de los abusos descritos, el Gobierno de Chávez viola compromisos internacionales contraídos libremente por su país. En todo caso por ello, aún si aceptáramos la tesis castro-chavista-priísta de que la soberanía nacional se sitúa por encima de valores universales como los derechos humanos, la firma de dichos instrumentos por Venezuela hace que lo que en ese país suceda no sea únicamente asunto de los venezolanos.
Incumbe a todos los Gobiernos y ciudadanos de los países que también suscribieron esos tratados, y que se acogen a ellos cuando han agotado instancias jurídicas internas sin lograr defender sus derechos fundamentales. Cuando Chávez viola repetidamente el derecho a la protección judicial consagrado en un sinnúmero de convenciones, arremete no sólo contra los venezolanos, sino contra todos aquellos que en algún momento necesitarán, o requirieron de, dichas convenciones.
Como alguien que, hace unas semanas, logró que, por primera vez en la historia, el Estado mexicano fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar, justamente, su derecho a la protección judicial inscrito en el artículo 25 del llamado Pacto de San José, hablo con conocimiento de causa.
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