Dorelys del Carmen Ramírez, hija del periodista Josè Rafael Ramírez.
Periodista Josè Rafal Ramírez, tres años preso, sin juicio y sin condena. Sufre de diàbetes y no tiene los cuidados mèdicos que requiere según informa su hija, lo que puede llevarlo a la muerte en cualquier momento.¿Yo quisiera preguntarle al presidente Hugo Chávez y a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales ¿hasta cuando van a tener a mi padre preso?
La declaración corresponde a la joven estudiante de derecho, Dorelys del Carmen Ramírez, quién sostiene. “Tres años preso, sin juicio y sin condena, lleva ya mi padre, el periodista José Rafael Ramírez, lo que constituye una flagrante violación a los derechos humanos”
Explicó la hija del periodista, que José Rafael Ramírez fue detenido por el CICPC el 12 de junio de 2007, en una operación organizada y ejecutada por un particular, sin intervención del Ministerio Público, organismo que tiene la potestad exclusiva de dirigir la averiguación penal.
El acusador es el magnate petrolero Wilmer Ruperti, quien se sintió ofendido por denuncias que en su contra publicaba el periódico “Reporte de la Economía”, donde laboraba mi padre. En esa notas publicadas en Reporte se decía que Ruperti utilizaba sus influencias con el gobierno para hacer fraudes con cargamentos de petróleo, denuncias que por cierto jamás hizo el periodista José Rafael Ramírez, sino otro de los periodistas que trabajaban en dicho medio, conjuntamente con un cura.
Según Dorelys Ramírez, la policía ejecutó dicha detención como parte de una trampa montada con su activa participación, y el Ministerio Público, en vez de atacar dicha actuación ilegal, posteriormente la hizo suya para convalidarla, y más aún, se prestó para permitir que el detenido fuera llevado a una audiencia de presentación donde se le impidió hablar, se le negó el primer acto de defensa que la ley dispone, y de inmediato fue remitido a la cárcel La Planta sin derecho a pronunciar palabra.
De inmediato el entonces Ministro del Interior Pedro Carreño dio una rueda de prensa para anunciar la detención y para condenar por adelantado al periodista. Otro tanto hizo el diputado Luís Tascón quien hizo un show en la Asamblea Nacional para sumar fuerza al atropello. Con ambas actuaciones quedó claro que José Rafael Ramírez era y es un preso de la dirigencia política gubernamental.
“Después de muchos episodios de consecutivos abusos mi viejo cumple ya tres (03) años privado de su libertad y sin juicio. No ha habido manera que a él se le haya permitido debatir los cargos que falsamente le imputan, por lo tengo que afirmar que mas que detenido, está secuestrado por el Estado, sin ley y sin derechos”, apunta la joven estudiante, hija del periodista preso.
Dice que según el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal no se puede mantener a ninguna persona privada de su libertad por mas de dos años sin sentencia condenatoria, es el lapso máximo que la ley fija para que se haya llegado al final del proceso. Esos dos años no solo están cumplidos, sino sobrepasados, pero insólitamente, y sin motivo, el Ministerio Público pidió una prórroga, es decir, que se extendiera la prisión del periodista más allá de ese lapso máximo de dos años.
Dicen las fiscales en su escrito que el retardo procesal no ha sido su culpa y con tal simple argumento solicitan que mi padre siga en la cárcel, sin juicio, sin condena, y con la presunción de inocencia que le otorga la Constitución a su favor. La ley permite que excepcionalmente se prorrogue la detención, si la solicita el Ministerio Público “cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal o el querellante” (último aparte del artículo 244 COPP), cosa que no existe en este caso.
Para mantener a mi padre preso el Ministerio Público, en la persona de la Fiscal 21 Nacional Gineira Jakima Rodríguez Urbina, (la misma del caso Oswaldo Alvarez Paz) pidió que se prorrogara la detención preventiva, pero no explicó cuales serían las causas graves justificatorias de dicha solicitud, solo dijo que “no habían variado las causas que condujeron a la privación de libertad”
Tengo que advertir, dice Dorelys del Carmen Ramírez que mi padre es diabético, enfermedad que se le agravó en la prisión donde no existen las mas mínimas condiciones para la atención médica. Esto lo colocó al borde de la muerte, y en varias oportunidades fue sacado al Hospital Militar, esposado a una camilla, en una ambulancia rodeada de tres patrullas y seis motos policiales, le colocaban sueros y otros medicamentos y lo regresaban a la cárcel.
El juez de la causa al que se le denunció esta situación ordenó una evaluación de Medicatura Forense, la cual emitió un informe cerificando la gravedad del padecimiento y la imposibilidad de ser tratado en aquel lugar de reclusión; visto aquello el juez ordenó la libertad del periodista por medida humanitaria y libró la respectiva orden de excarcelación, pero la Directora del penal se negó a acatarla.
El juez fue destituido por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia con una llamada telefónica a media noche, y en las primeras horas de la mañana concurrió presurosa la nueva jueza designada, acompañada de tres fiscales del Ministerio Público y revocaron la medida. Por este abuso se presentó una solicitud de antejuicio contra la mencionada Presidenta del TSJ y contra la Fiscal General, acción que está engavetada, sin trámite alguno en Sala Plena del Alto Tribunal.
Todo este gran cúmulo de arbitrariedades, abusos, atropellos y excesos son más que demostrativos de que no se trata de un hecho de delito común, sino de un asunto de Estado. José Rafael Ramírez es un preso del Estado Venezolano.
Ese ensañamiento con el que se ha tratado y sigue tratando el caso de mi padre, periodista preso, se debe a que él denunciaba constantemente las corruptelas de altos funcionarios judiciales, (entre ellos a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales Lamuño, y al entonces Fiscal General de la República y hoy embajador de Venezuela en España, Julián Isaías Rodríguez) que es un terrible mal que azota a nuestra sociedad, y eso es lo que le están cobrando.
Los denunciados de ayer son sus jueces de hoy. El no está preso en base a ley, está preso por venganza, por abuso y, a manera ilustrativa, recordamos que en la rueda de prensa ofrecida en el Consejo Superior Penitenciario el 9 de julio pasado, la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, fue consultada por la periodista Vanesa Gómez Quiroz, quien está destacada en la cobertura de temas judiciales por diario El Nacional, sobre la afirmación de varios juristas que criticaron la actuación de la Sala Constitucional. En respuesta Gómez Quiroz obtuvo una clara amenaza: “Bueno, Vanessa (…) tal vez si me conocieras desde antes, como otros que sí me conocen, ¿verdad, Eligio? Es peligroso meterse conmigo porque yo también soy como el espinito, que en la sabana florea; ustedes todavía no me conocen, pero revisen”.
Fuente: comunicación envíada a mi correo personal el 24 de marzo del presente año.
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