La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas rechaza contundentemente la acción de POLICARACAS y de FUNDACARACAS, que el pasado miércoles 18 de mayo intentó ocupar por la fuerza el galpón donde funciona una de las rotativas del diario El Nuevo País y de la revista Zeta, en un operativo en el que los agentes policiales no mostraron ninguna orden legal y aduciendo solo que se necesitaba el espacio para dárselo a familias damnificadas por las lluvias, mas las veinticinco personas que participaron en el operativo eran casi todas de POLICARACAS.
La directora de la revista Zeta, Jurate Rosales, señaló que la orden de “expropiación” fue verbal y que los agentes desocuparon el galpón en cuestión sin ninguna explicación. Los medios de comunicación, al enterarse de la situación, estaban en las afueras de este galpón.
En vista de que la línea editorial de El Nuevo País es abiertamente contraria a la postura oficial del gobierno, y de que dos de sus figuras emblemáticas, Patricia y Rafael Poleo, se encuentran en el extranjero y ambos se han declarado exiliados políticos, el Colegio Nacional de Periodistas exige una explicación a la opinión pública del porqué de la acción contra las instalaciones de este periódico, que pusieron en peligro la posibilidad de que el diario saliera el día 19 de mayo.
Como se recordará, el 19 de noviembre de 2009 tanto El Nuevo País como la Revista Zeta fueron objeto de un “cierre administrativo” ordenado por la Fiscalía y la Alcaldía de Libertador, que al igual que en esta oportunidad, fue levantado sin mayor explicación.
En este sentido, el CNP le recuerda a la opinión pública que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que las medidas administrativas arbitrarias que obstaculizan la libre circulación de ideas son formas indirectas, pero no por ello menos deleznables, de violación del derecho de la ciudadanía a estar informados. El Estado venezolano, en todas sus instancias, está obligado a respetar los convenios internacionales y a acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según lo contempla nuestra propia constitución, por lo que es imperioso que cesen este tipo de medidas que ponen en entredicho el carácter democrático de la nación.
El gremio periodístico está alerta y seguirá denunciando cualquier episodio de este tipo de atropellos, que menoscaban la tranquilidad de quienes trabajan en medios como El Nuevo País, y que tienen por objetivo ulterior generar autocensura y acallar las voces críticas y el libre debate de los asuntos más relevantes del país.
Junta Directiva Nacional del CNP
Caracas, 19 de mayo de 2011
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